El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que removió de su cargo al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz. El funcionario está sospechado de formar parte de un grupo que habría ocupado tierras protegidas en la Reserva de La Angostura para su posterior comercialización.
La decisión fue tomada pocas horas después de que el mandatario regresara de Buenos Aires, tras participar de reuniones con ministros nacionales. En su lugar, asumirá de manera interina el subdelegado Ramón Pacífico Ávila, quien será puesto en funciones este jueves por el ministro del Interior, Darío Monteros.
«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No avalamos a nadie y pedimos que la Justicia investigue a fondo, tanto a funcionarios actuales como a los de gestiones anteriores. Que se esclarezca y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables», expresó Jaldo al anunciar la medida.
El DNU N°2/10 lleva las firmas de los principales ministros del gabinete provincial, entre ellos, Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), y Federico Nazur (secretario General de la Gobernación), entre otros.
Un caso de usurpación y estafa
El escándalo comenzó en octubre, cuando empleados estatales detectaron que desconocidos habían cercado y ocupado tierras de la Reserva de La Angostura, un área protegida y propiedad fiscal de la provincia. La intervención inmediata de la Policía y de la Fiscalía de Estado permitió derribar cercos y frenar nuevas construcciones en la zona.
La investigación, liderada por el fiscal Miguel Varela, reveló la existencia de una presunta organización con roles definidos dedicada a la comercialización ilegal de terrenos fiscales. Entre los involucrados figuran exfuncionarios de la Subsecretaría de Regularización Dominial y sus allegados.
Según la Fiscalía, Jorge Cruz no sería ajeno a las maniobras. «Como delegado comunal, tenía la obligación de controlar toda urbanización en su jurisdicción. Sin embargo, las evidencias indican que habría recibido terrenos a cambio de facilitar estas operaciones ilegales», afirmó Varela.
Durante un allanamiento en la sede comunal y en la vivienda de Cruz, se incautó documentación que compromete su situación procesal. Además, se detectaron contradicciones en sus respuestas oficiales: negó la existencia de un expediente sobre el “Loteo Gaucho Castro”, pero los papeles encontrados lo vinculan directamente al proyecto.
Impacto político y judicial
El caso marca un precedente judicial en la defensa de áreas protegidas y bienes fiscales. La restitución provisoria de las tierras a la Provincia, dictada por un juez, y la investigación en curso apuntan a desarticular lo que el fiscal Varela describió como una “inmobiliaria paralela”.
El desplazamiento de Cruz fue confirmado por fuentes oficiales como una medida necesaria para garantizar la transparencia y la continuidad de las investigaciones. Mientras tanto, el subdelegado Ramón Pacífico Ávila asumirá el desafío de restaurar la confianza en la comuna.
Jaldo reiteró su compromiso con la justicia y subrayó que no permitirá irregularidades en la administración pública: «No importa el cargo o la influencia. En Tucumán, las leyes se cumplen y el patrimonio de todos se respeta».
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