La disputa por la propiedad de terrenos en la Reserva Natural La Angostura sumó un nuevo capítulo con el reciente fallo del juez Raúl Eugenio Tejerizo, quien ordenó la restitución a la Provincia de los predios donde actualmente funciona el club El Sauce.
El conflicto comenzó en 2012, cuando la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA) inició una demanda por la ocupación irregular del terreno que le había sido donado en 1989 para construir un hotel y un camping destinados a sus afiliados. Sin embargo, en 2011, la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) ocupó el predio por orden del entonces cacique Enrique Mamaní, argumentando derechos ancestrales sobre esas tierras.
En el lugar, se estableció una cancha de fútbol para el club El Sauce, que participa en los torneos locales, y con el tiempo se descubrió que los terrenos estaban siendo comercializados de manera irregular.
El fallo judicial y sus implicancias
Tras un proceso legal que se extendió por más de 13 años, el juez Tejerizo falló a favor del gremio textil, determinando que no existen pruebas de que las tierras pertenezcan a la Cidem. Por el contrario, se confirmó que el Estado provincial las posee desde 1975, cuando una empresa azucarera las cedió como parte de un pago de deuda impositiva.
Con esta resolución, los ocupantes deberán desalojar el predio y la Provincia evaluará su destino. Este es el segundo fallo en menos de un mes a favor de la recuperación de tierras fiscales en La Angostura.
Nuevos desalojos y operativos en marcha
A finales de enero, el juez Mario Velázquez ordenó la recuperación del “Loteo Gaucho Castro”, operativo que comenzó recientemente. Ese mismo día, la Unidad Regional Oeste ejecutó el desalojo del boliche Costa de Piedra, un centro nocturno que operaba en la costa de La Angostura.
Días atrás, otro fallo ordenó la expulsión del emprendimiento de pesca y paseos en lancha conocido como “El Pelau”, que funcionaba en tierras fiscales ocupadas sin respaldo legal. En este caso, la Cidem tomó los terrenos y los cedió a un comunero, quien, tras obtener una autorización del Ente Tucumán Turismo, traspasó la actividad a un tercero sin derecho sobre las tierras.
Las autoridades continúan con las investigaciones sobre la ocupación y venta ilegal de tierras fiscales en la zona. Aún quedan dos conflictos por resolver, entre ellos, la situación de un bar y un comercio de artesanías en el acceso a Tafí y un barrio privado construido en terrenos originalmente cedidos a un club de pesca.
Las medidas adoptadas por la Justicia marcan un precedente en la lucha contra la usurpación de tierras y la recuperación de espacios fiscales en una de las reservas naturales más importantes de la provincia.

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