El histórico comercio de artesanías y bar Taktik Llaktak , fundado hace más de 25 años, cerró sus puertas el pasado fin de semana debido a una orden judicial emitida por el gobierno de Tucumán. La medida dejó sin empleo a más de 15 familias que dependían del negocio, y además, dejó a sus propietarios sin hogar, ya que el espacio físico también era su vivienda.
La decisión judicial, que responde a un plan del gobierno provincial para recuperar tierras fiscales ocupadas , generó un fuerte impacto en la comunidad. Los propietarios de Taktik Llaktak apelaron la medida, pero la justicia rechazó el pedido, obligándolos a abandonar el lugar sin ofrecerles ninguna alternativa .
Los trabajadores y dueños del comercio expresan su preocupación y desamparo , ya que no recibieron ninguna respuesta ni solución para reubicarse o continuar con su fuente de trabajo. «Nos quedamos en la nada, sin un techo y sin la posibilidad de seguir trabajando» , lamentaron los afectados.
La pregunta que surge ante esta situación es: ¿quién es el responsable de que tantas personas queden en la calle, el gobierno o los propietarios?
La responsabilidad del gobierno
Desde el gobierno provincial se argumenta que la medida responde a un plan para recuperar tierras fiscales ocupadas y evitar futuras usurpaciones. El gobernador Osvaldo Jaldo ha sido claro en su postura, afirmando que «no se permitirán ocupaciones ilegales en Tucumán» , y que en el caso de El Mollar existe un fallo judicial que ordena el desalojo del terreno .
Sin embargo, el gobierno no brindó ninguna alternativa de reubicación ni apoyo a las familias afectadas, lo que generó preocupación y críticas. «Nos dejaron en la nada, sin techo y sin trabajo» , expresaron los afectados. Esto pone en debate si el Estado debía haber accionado con más sensibilidad social , ofreciendo opciones para no dejar a tantas personas desamparadas.
La responsabilidad de los propietarios
Por otro lado, algunos sostienen que la responsabilidad recae en los propietarios , ya que desde el inicio deberían haber regularizado su situación legal. Si bien el comercio funcionó por más de 25 años, lo hizo en un terreno fiscal , lo que implicaba un riesgo de desalojo en cualquier momento.
Además, al tratarse de un negocio con empleados, los dueños también tenían la responsabilidad de prever la estabilidad laboral de sus trabajadores. ¿Hubo intentos previos de formalizar la tenencia del espacio o buscar una alternativa antes del cierre forzado? Esa es una de las preguntas que quedan abiertas en el debate.
¿Una combinación de ambas responsabilidades?
Es posible que la situación sea el resultado de fallas en ambas partes . Por un lado, los propietarios no regularizaron la situación del comercio a tiempo, lo que expuso tanto a ellos como a sus empleados a esta crisis. Por otro lado, el gobierno ejecutó el desalojo sin un plan de contención , dejando sin respuesta a las familias afectadas.
El cierre de Taktik Llaktak abre un fuerte debate sobre el impacto social de las decisiones gubernamentales y la responsabilidad de los emprendedores en la legalidad de sus negocios . Mientras tanto, las familias afectadas siguen buscando respuestas y un nuevo comienzo tras haber perdido su fuente de ingresos y, en algunos casos, su hogar.
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