Desalojo del «Loteo Gaucho Castro»: tensión y acusaciones cruzadas

El desalojo del denominado «Loteo Gaucho Castro» generó reacciones opuestas en la provincia. Mientras en la Casa de Gobierno se celebraba la recuperación de tierras en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar los compradores de los lotes denunciaban un atropello y exigían respuestas del Estado.

Con un operativo que involucró a más de 100 efectivos, bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, y el fiscal Miguel Varela, se ejecutó la orden judicial tras el rechazo de todas las impugnaciones presentadas. Como parte de la intervención, se procedió a la remoción de los alambrados que delimitaban el loteo ilegal, aunque las construcciones permanecerán por cinco días más para permitir que los ocupantes retiren sus pertenencias.

Según la Justicia, un grupo de personas usurpó estas tierras protegidas y, mediante maniobras irregulares, las vendió como si fueran de propiedad privada. El caso llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a eliminar la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat, luego de que se detectara que cuatro de los siete sospechosos tenían vínculos con esa dependencia. En su reemplazo, se creó una Unidad Ejecutora destinada a recibir y analizar denuncias sobre este tipo de fraudes.

El operativo transcurrió sin incidentes graves, aunque se vivieron momentos de alta tensión. Una compradora intentó prenderse fuego dentro de su vivienda, pero la rápida reacción policial evitó una tragedia. Además, dos compradores manifestaron no haber sido notificados del desalojo, aunque finalmente aceptaron la legalidad del procedimiento tras la explicación del fiscal Varela.

Los damnificados sostienen que adquirieron los terrenos de buena fe y responsabilizan al Estado por permitir la comercialización de los lotes. Roxana Jiménez, hermana de uno de los afectados, expresó: «Están enceguecidos porque fue el propio Estado el que permitió este engaño».

Paralelamente, las autoridades confirmaron que los dueños de una confitería en la entrada del valle de Tafí desalojaron el local. Asimismo, el predio del club El Sauce fue restituido a la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, aunque la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar anunció que apelará la decisión judicial.

La fiscal Gilda Pedicone destacó la relevancia de la causa y aseguró que la Provincia ha tomado medidas concretas para abordar la problemática de las ocupaciones ilegales. «Este caso es solo el comienzo de un plan de regularización dominial en toda la provincia. Se investigarán todas las denuncias recibidas y la decisión política es avanzar en la recuperación de tierras», subrayó.

Por el momento, el destino de las tierras recuperadas no está definido. La custodia quedó a cargo de la Dirección de Flora y Fauna, con apoyo de la Policía. No se descarta la demolición de edificaciones y la implementación de proyectos que combinen conservación y turismo.

Mientras tanto, el fiscal Miguel Varela continúa investigando la venta fraudulenta de estos terrenos. Según su hipótesis, una organización habría usurpado tierras en la reserva, accedido a información privilegiada y falsificado documentos para otorgarles apariencia de legalidad antes de venderlas.

Entre los investigados figuran Juan Pablo Castro (promotor del loteo), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex y actuales empleados de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat), Jessica Mamaní (pariente de uno de los funcionarios), Damián Romano (familiar de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, quien fue suspendido en su cargo. Inicialmente, la fiscalía los imputó por usurpación y estafas reiteradas, pero ahora planea agravar los cargos para incluir asociación ilícita y abuso de autoridad.

El expediente pasó en febrero a la fiscal Mónica García, pero debido a demoras en la investigación, el ministro Fiscal ordenó su regreso a Varela. Ahora, el fiscal espera informes periciales y testimonios clave que podrían ampliar la lista de imputados.

Con el desalojo concretado y la investigación en marcha, las autoridades buscan desmantelar una estructura que habría operado dentro del Estado para facilitar fraudes inmobiliarios en tierras protegidas. No se descartan nuevas medidas en los próximos días.