El comisionado de El Mollar, Jorge Cruz, se convirtió en el séptimo sospechoso de integrar una presunta organización que habría usurpado terrenos de la Reserva Natural La Angostura para luego comercializarlos de manera fraudulenta.
La noticia, que provocó conmoción, se dio a conocer ayer tras los allanamientos realizados en la sede comunal y en la casa paterna del funcionario, donde se secuestró documentación clave que podría complicar su situación judicial.
Una ocupación ilegal que subió las alarmas.
El caso comenzó a gestarse en octubre pasado, cuando los empleados estatales advirtieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida de la reserva. Las autoridades actuaron con rapidez: la Policía derribó cercados levantados ilegalmente, mientras la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, promovió acciones legales para detener estas actividades ilícitas.
En un primer paso, se consiguió que una jueza dictara una medida de no innovar para impedir nuevas ventas o construcciones en el área. Luego, se presentó una denuncia penal contra Juan Pablo Castro, señalado como titular del proyecto inmobiliario, y contra cualquier otro implicado. Finalmente, en una resolución inédita, el fiscal de Estado José María Molina, con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, logró que un juez restituyera provisoriamente las tierras a la Provincia.
Una red con roles definidos
La investigación, liderada por el fiscal Miguel Varela, expuso la existencia de una supuesta organización con roles bien definidos. Según Varela, esta red tiene su origen en la ya disuelta Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia, una dependencia estatal que, en lugar de cumplir su función, habría operado como una «inmobiliaria» paralela dedicada a la venta irregular de terrenos. fiscales.
Entre los principales sospechosos, además de Cruz, se encuentran Castro, Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial), Yanina Mamaní (nuera de Trujillo) y Damián Romano (nieto político de Castro). Según la acusación, estos individuos habrían utilizado engaños para apropiarse de las tierras fiscales, que no solo son propiedad de la Provincia, sino que también forman parte de un área natural protegida.
La implicación de Jorge Cruz
El rol de Jorge Cruz, como máxima autoridad de la comuna de El Mollar, ha sido puesto bajo la lupa. Según el juez que ordenó la reposición de las tierras, el comisionado tendría responsabilidad por acción u omisión, ya que su función incluye supervisar todos los procesos de urbanización en la jurisdicción. Además, se sospecha que habría recibido terrenos como pago para autorizar irregularidades que forman parte de sus obligaciones funcionales.
Documentos secuestrados durante los allanamientos refuerzan las acusaciones contra Cruz. Entre las pruebas, se encontró una nota firmada por él en agosto de 2023, autorizando el suministro de agua potable para los lotes tres años después de que comenzaran a comercializarse, algo que debía hacerse antes de iniciar las ventas. También se presentaron facturas de servicios pagadas en la comuna y un video en el que Cruz intentaba tranquilizar a compradores asegurando que las transacciones eran legales.
Cuando el fiscal Varela pidió explicaciones sobre el proyecto «Loteo Gaucho Castro», Cruz respondió que no existía ningún expediente relacionado con ese loteo en la comuna, una afirmación desmentida por los documentos encontrados en el allanamiento.
Más pruebas, más implicados
En los allanamientos dirigidos por la fiscal Mónica García y el auxiliar Bernardo Sassi, se encontraron planos de mensura y documentación de otros lotes con características similares, lo que indica que esta maniobra no sería un hecho aislado. Además, se decomisaron 13 celulares, dos notebooks y otros elementos tecnológicos que serán analizados para rastrear posibles conexiones con nuevos implicados.
Hacia una acusación formal
Con toda la evidencia reunida, el fiscal García estaría cerca de solicitar una audiencia para imputar formalmente a los siete investigados por los delitos de usurpación y estafas reiteradas. No se descarta que las imputaciones se agraven y se incluyan el delito de asociación ilícita, ya que se trataría de un grupo organizado con la finalidad de cometer ilícitos.
El futuro político de Cruz pende de un hilo. Fuentes cercanas a la Casa de Gobierno aseguran que su desplazamiento del cargo es inminente. Mientras tanto, la comunidad de El Mollar sigue expectante ante las posibles repercusiones de este escándalo, que no solo pone en jaque la integridad del área protegida, sino también la confianza en las instituciones.

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