En un hecho sin precedentes, la Justicia Federal de Tucumán dejó al borde del procesamiento a Valentina Olguín, una influencer y cantante santiagueña de 26 años, acusada de utilizar los datos personales del gobernador Osvaldo Jaldo y de otros cuatro mandatarios provinciales para importar ropa desde Estados Unidos mediante el sistema de Courier, simulando compras personales.
La maniobra, según detalla la investigación a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez y el fiscal Agustín Chit, consistía en usar los nombres, DNI y domicilios fiscales de figuras públicas para realizar compras que luego eran comercializadas en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. El objetivo era eludir los controles y superar el límite de cinco envíos anuales por hasta 5.000 dólares que impone la Dirección General de Aduanas.
Todo se descubrió cuando, a fines de 2024, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo recibió una notificación por una compra realizada en una tienda de Miami. Ante la sorpresa y sin tener relación con dicha operación, Jaldo denunció el hecho ante la Fiscalía Federal de Tucumán. Su testimonio fue clave para destapar una red de contrabando simulado que también involucró, como prestanombres, a Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis), todos sin conocimiento de su participación.
Durante un allanamiento en un departamento del barrio porteño de Núñez, donde residía la influencer, se secuestraron dispositivos electrónicos, ropa importada y dinero en efectivo. Los peritajes revelaron que Olguín habría buscado activamente información de otros funcionarios para continuar con el mismo método.
En su indagatoria, la influencer —quien ganó notoriedad como parte del grupo de cumbia pop “Dame 5” y luego con una carrera solista impulsada por sus redes sociales— admitió parcialmente los hechos, alegando haber usado Google para obtener los datos. También dijo haber recurrido a esta modalidad luego de agotar el cupo de compras a su nombre y al de familiares y amigos. Sin embargo, los investigadores creen que la elección de los gobernadores no fue aleatoria, sino parte de una estrategia para evitar controles.
El delito de contrabando simulado está tipificado en el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero y contempla penas de entre 2 y 8 años de prisión. Aunque todavía no se dictó el procesamiento, el expediente ya fue girado a las fiscalías de las provincias implicadas para continuar la investigación.
El gobernador Jaldo advirtió sobre la fragilidad del sistema de protección de datos: “Esto muestra que cualquier ciudadano puede ser víctima de una operación ilegal si no se resguardan adecuadamente los datos fiscales”.
Desde la Aduana también alertaron sobre la facilidad con la que se pueden realizar este tipo de maniobras fraudulentas: “Muchas personas ignoran las notificaciones electrónicas, lo que puede ser aprovechado por delincuentes. Incluso quienes prestan sus datos ‘de buena fe’ pueden quedar implicados penalmente”.
El caso de Valentina Olguín no solo marca un precedente en el uso indebido de datos personales para contrabando, sino que también expone las debilidades del sistema digital argentino en materia de seguridad, comercio internacional y control aduanero.
Mientras tanto, la influencer —con más de 250.000 seguidores en Instagram y presencia en festivales como Cosquín Cuarteto y el Movistar Arena— enfrenta una posible condena que podría poner fin a su carrera artística.
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