El conflicto por la usurpación de la Reserva Natural de La Angostura avanzó en tres frentes distintos de la provincia. En El Mollar, un operativo destruyó un centro nocturno ilegalmente construido en las tierras protegidas. En la capital, compradores del «Loteo Gaucho Castro» protestaron contra la decisión del Gobierno de recuperar esas tierras. Mientras tanto, en Monteros, el juez Mario Velázquez ordenó la restitución provisoria de los terrenos usurpados y dispuso el desalojo de los ocupantes.
Investigaciones y decisiones judiciales
En octubre pasado, empleados estatales detectaron la ocupación ilegal de la zona protegida. La Fiscalía de Estado logró una medida de no innovar para frenar las construcciones, pero ante nuevas evidencias, la fiscal Gilda Pedicone denunció penalmente a Juan Pablo Castro y otros posibles involucrados por usurpación y estafa reiterada.
El fiscal Miguel Varela identificó otros sospechosos, entre ellos, tres personas ligadas a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, recientemente eliminada por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo. Se investiga a su ex titular Fernando Rogel Chaler, y a los empleados Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo. También están implicados Yanina Mamaní y Damián Romano, familiares políticos de Castro.
Restitución y desalojo
Ante la demora en la recuperación de las tierras, la Fiscalía de Estado solicitó una restitución provisoria sin audiencia, un planteo inédito apoyado por el fiscal Varela. El juez Velázquez aceptó el pedido, sentando un precedente judicial. Dispuso el desalojo de los ocupantes en un plazo de 10 días hábiles, con garantías de asistencia para las familias afectadas.
El magistrado advirtió sobre construcciones cercanas al lago que representan riesgos para el ecosistema y la seguridad de los ocupantes. Además, ordenó profundizar la investigación sobre el comisionado de El Mollar, Jorge Cruz, mencionado en la causa.
Protestas y reclamos
Mientras la justicia resolvía, los ocupantes, con apoyo de la legisladora opositora Raquel Nievas, presentaron un petitorio y marcharon en Plaza Independencia. Exigieron una reunión con el gobernador Jaldo, la intervención de la Corte Suprema, una investigación sobre presuntas modificaciones de planos, la libertad de Marcos Bolla y sanciones a otros ocupantes.
Declaraciones oficiales
José María Molina, abogado de la Fiscalía de Estado, destacó que la restitución se logró gracias a la celeridad del fiscal Varela y una resolución jurisdiccional bien fundamentada. Aseguró que el objetivo es mantener el terreno bajo propiedad de la Provincia.
El fiscal Varela no emitió declaraciones, ya que, al finalizar la feria judicial, el expediente podría quedar a cargo de su colega Mónica García. La investigación continúa en curso.
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